La decisión del Gobierno de extender la prohibición de despidos y la doble indemnización provoca "incertidumbre y desconfianza". Así al menos lo calificó uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien cargó contra la medida y dijo que "quieren que no pase nada con las empresas, pero muchas de ellas se destruyeron por la recesión y por el impacto de la pandemia. Con ello, se perdió fundamentalmente empleo privado". 

Funes de Rioja volvió pedir una reforma laboral de manera tácita y señaló que la manera de lograrlo es con un "sistema laboral que tienda a la productividad, porque tenemos un costo laboral elevado". Agregó además que "el alto grado de informalidad perjudica a la producción y a la comercialización. Entonces, si queremos dignidad tenemos que lograr formalidad en el mundo del trabajo, preparación de empresarios y trabajadores y un entorno favorable para la creación de empresas y empleo". 

Pero lo novedoso es que las quejas de los industriales más grandes del país fueron acompañadas por las pymes industriales. Así, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que la extensión de la prohibición de despidos y de la doble indemnización generará conflictos en las pequeñas y medianas empresas. 

En diálogo con la agencia NA, el dirigente enfatizó que "desde un principio nuestra propuesta fue no despedir, decir no a la doble indemnización y sí a sostener la masa salarial: eso significa que si una persona deja la empresa, se la reemplaza automáticamente por otra. La solución pasa por sacar leyes que generen trabajo argentino, para que se potencie la generación de empleo". Además recordó que desde el empresariado pyme "estamos impulsando una nueva ley de Compre Argentino que pueda generar miles de puestos de trabajo". 

La vuelta de los ATP, el centro de la discusión 

En realidad, la bronca de muchos de los industriales y pymes gira en torno al fin del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el cual el gobierno invirtió el año pasado $226.853 millones para pagar desde 1.25 hasta 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles por empleado a las empresas. El año pasado, la ayuda estatal alcanzó a 306.000 empresas y a 2.9 millones de trabajadores entre abril y diciembre del 2020 y es el motivo por el cual muchas empresas presionan para que regrese. 

En ese contexto, es que el Estado paga desde enero del 2021 el Programa de Recuperación Productiva (Repro II), cuyo objetivo es ayudar a las empresas y los trabajadores. Pero la ayuda, -dicen los empresarios-, no es la misma y el monto de la masa salarial que otorga el Gobierno es mucho menor del de los ATP. 

El tema no es menor para las pequeñas y medianas empresas: del total que recibieron al menos una vez el beneficio del ATP, más del 99% fueron pymes. Así las cosas, en medio del rebrote del Coronavirus y la posibilidad de nuevos cierres, piden que vuelva. 

Por ahora, el Gobierno solo autorizó el regreso de una especie de "ATP light" para las empresas de salud, muy complicadas financieramente por el rebrote de Covid 19, ya que muchas clínicas advirtieron que no saben cómo pagarían los sueldos de enero una vez caído el ATP. 

Es por eso que desde el sector industrial se niegan al regreso del Repro II, un programa que abona $9.000 por trabajador a las empresas con problemas para pagar salarios y pretenden un nuevo ATP, que aportaba cerca del 50% de las remuneraciones. Algo que por lo pronto -de acuerdo al Presupuesto 2021-, estaría muy lejos de suceder, pero que podría cambiar de la mano del agravamiento de casos de Coronavirus.