El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil contra la cadena de supermercados Walmart por dispensar de manera ilegal medicamentos, incluido algunos opiáceos, cuya venta estaba contralada por las farmacias del país, lo que supone una violación de la Ley de Sustancias Controladas.

Jeffrey Bossert, secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División Civil, explicó en un comunicado que Walmart, a ser una de las cadenas de farmacias y distribuidoras al por mayor de medicamentos más grandes del país, “tenía la responsabilidad y los medios para ayudar a prevenir el desvío de opiáceos recetados”.

No obstante, “durante años hizo lo contrario”, añadió en el escrito: “Surtió miles de recetas no válidas en sus farmacias y no informó de pedidos sospechosos de opiáceos y otros medicamentos”. En consecuencia, siguió Bossert, contribuyó a la “epidemia de abuso de sustancias opiáceas en Estados Unidos”.

Es por eso que el Departamento de Justicia "busca sanciones civiles", que podrían acarrear multas de "miles de millones de dólares", pues estipulan que las sanciones económicas podrían ascender hasta los 67.627 dólares por cada receta dispensada y hasta los 15.691 dólares por cada uno de los pedidos sospechosos de los que no se dio parte a las autoridades.

El administrador interino del Departamento para el Control de Drogas, Timothy Shea, les pidió a los distribuidores y dispensadores “la responsabilidad de garantizar que las sustancias controladas no caigan en las manos equivocadas”.

"Se han perdido demasiadas vidas debido a estos fallos de supervisión", dijo Shea, quien apuntó contra los "los encargados" de asumir estas responsabilidades, pues "han hecho la vista gorda". Por su parte, Walmart ha salido al paso de estas acusaciones y defendió la labor de sus empleados, pues sólo "cumplían con su deber", el de "ofrecer medicamentos recetados por médicos con licencia".

Un par de meses antes de esta denuncia, Walmart presentó una demanda contra el Departamento de Justicia y la DEA al considerar que estaban "colocando" a la compañía y a sus trabajadores "entre la espada y la pared", pues "no existe una ley federal que requiera que los farmacéuticos interfieran en la relación médico-paciente".

De hecho, alegaba ese escrito, "las agencias de salud estatales y federales expertas dicen habitualmente que no está permitido y que es potencialmente dañino para los pacientes con necesidades médicas legítimas".

Con información de Europa Press.